Artículo de opinión publicado por El Diario Montañés (17 de agosto de 2020).
Poner a la venta una vivienda en estos momentos no es fácil. Y menos cuando en pleno proceso hay otras personas que se han instalado en ella. El problema no se resuelve en dos días. En esta España de gobierno social-comunista ‘okupar’ una vivienda tiene premio. Cuenta con todas las garantías para alargar la burocracia a su favor durante un buen periodo de tiempo.
La ocupación de viviendas en Meruelo parece haberles abierto los ojos a muchos vecinos, que han visto cómo el Ayuntamiento se ve obligado a empadronar a los invasores. Así lo establece la ley, hecha a la medida de podemitas y otros especialistas en vivir de la subvención pública. No es normal que ante esa situación, que ha atemorizado a toda una localidad, la única solución pase por la reacción vecinal, que han llegado a organizar patrullas de vigilancia y que han convocado una manifestación este fin de semana.
Quienes se ganan la vida trabajando, quienes han sudado durante años para poder comprar un apartamento para un hijo, quienes han pagado impuestos toda su vida asisten impotentes a este tipo de robo con el amparo de la ley. Una legislación que se basa en la mentalidad tradicional de la izquierda, más interesada en subvencionar y proteger a quien no trabaja, que en respaldar y alentar a quienes crean puestos de trabajo. Las consecuencias son evidentes en las listas del paro.
El caso de Meruelo refuerza la validez unas medidas que Pablo Casado presentó en el programa electoral del PP y que ya ha presentado ante el Congreso. Básicamente tenemos que trabajar en cinco puntos:
- Acción inmediata de las Fuerzas de Seguridad para un desalojo inmediato, en 48 horas, de quienes ocupen una vivienda que no es de su propiedad.
- Recuperar el delito de ‘usurpación’, con penas de prisión de 1 a 3 años para quienes se instalen en domicilios ajenos y se resistan a devolverlos a la propiedad.
- Prohibición del empadronamiento a quienes ocupen ilegalmente una vivienda en cualquier localidad española.
- Autorización a las comunidades de vecinos para actuar judicialmente ante una ocupación.
- Las ONG o partidos que promuevan o justifiquen la ocupación no recibirán subvenciones.
Solo con una ley que proteja la propiedad privada podremos evitar que los ciudadanos tengan que acudir a empresas de intimidación o presión a los ‘okupas’. Solo así evitaremos que algunos ciudadanos, ante el desamparo legal, quieran tomarse la justicia por su mano.
Si queremos que impere la ley, es preciso que ésta proteja a quienes la cumplen y no a quienes se aprovechan de ella, a quienes se acostumbran a jugar sucio y terminan ganando.
Javier Puente Redondo
Senador de Cantabria por el Partido Popular.
Javier Puente Redondo 