El barco pirata y los fondos de los Ayuntamientos.

El pasado 8 de junio, en plena pandemia, el Ministerio de Igualdad publicaba una convocatoria de subvenciones para “estudios feministas y de género” por valor de 600.000 euros. En este mes de agosto los ayuntamientos de toda España han conocido que el Gobierno quiere “expropiar” 15.000 millones del superavit de sus cuentas. ¿Alguien duda del uso que harán desde Moncloa de estos fondos?

En uno de los momentos más críticos para la economía en España, el Gobierno sigue empeñado en su agenda ideológica, con más gasto en ministerios que nunca, con una nueva ley de Educación que quiere marginar a las escuelas concertadas, con subvenciones a las asociaciones afines y dejando tirados a millones de pymes y autónomos.

Mientras tanto, los municipios se han debido emplear a fondo para llegar donde nadie llegaba, para evitar que quienes sufren el desempleo o viven en la marginalidad no pasen hambre, para colaborar en la atención de los más mayores o de las personas con discapacidad. Quienes más cerca están de los vecinos son quienes conocen las auténticas prioridades en este momento.

¿Alguien con un mínimo de sensibilidad social considera lógico mantener estudios de género en este momento? ¿No será prioritario gestionar la vuelta a los colegios? ¿No será prioritario garantizar un transporte escolar de emergencia, donde se respete el distanciamiento? ¿No será prioritario reforzar la seguridad en las residencias de ancianos?

Está claro que no todos los alcaldes de España son ejemplares. Todos somos humanos y cometemos errores. Pero sí es evidente que se enfrentan a la realidad de la calle. Cada una de sus decisiones afecta a personas con las que se encuentran a diario. Frente a ellos, la actitud iluminada de algunos ministros, que viven en sus urbanizaciones y trabajan rodeados de acólitos, no les permite apreciar la realidad de la calle.

Quienes han sido ejemplares en la gestión de los fondos de su municipio ven ahora cómo el Gobierno se hace con los ahorros para promover cualquier disparate. Y el temor es que se aplique con la misma irresponsabilidad con que se gestionó el Plan E del gobierno de Zapatero. Dinero para hacer pequeñas obras en sitios donde no hacía falta, pero que generaban empleo precario a corto plazo, lo justo para llegar a unas elecciones.

¿Y después? Después, como siempre el desastre hasta que alguien con un mínimo de sentido común acuda al rescate. Eso sí, publicarán unos magníficos estudios de cómo esta nueva crisis ha perjudicado aún más a las mujeres que a los hombres, de cómo el desempleo se ceba con los más débiles y de cómo el tener hijos perjudica la carrera profesional. Es algo que ya sabíamos, pero que nos confirmarán científicamente. Gracias.

Tenemos un Gobierno que espera el reparto de los fondos, europeos o municipales, como si fuera el reparto del botín en un barco pirata. En vez de reducir gastos, eliminar ministerios, entes oficiales y chiringuitos de todo tipo, su única obsesión en este momento es quién se lleva más joyas del tesoro. Después llegará el momento de repartirlo entre sus secuaces, para conseguir más apoyo a corto plazo.

Cualquier cosa menos aplicar lo que dicta el sentido común: reducir el gasto público, bajar impuestos a empresarios y autónomos y promocionar la creación de empleo por parte de las empresas privadas, que son las que cotizan y generan riqueza. Eso sí, un sentido común que se opone a la ideología bolivariana que campa por el Consejo de Ministros.

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