El Grupo Parlamentario Popular del Senado ha registrado el viernes 19 de julio, una proposición de Ley de la Defensa de la Convivencia Social, Neutralidad Institucional y sobre los Símbolos Nacionales.
OBJETO DE LA LEY
Pretende garantizar un espacio público respetuoso con los principios y valores constitucionales y proteger nuestros símbolos nacionales: la Corona, las banderas (de España y autonómicas), el himno y el escudo constitucional, así como el resto de los símbolos oficiales de la UE, autonómicos, locales o forales.
Se trata de evitar que se pite el himno de España o que se pueda quemar la foto del Rey o la bandera de España, y, en caso de que esto ocurra, que estos comportamientos tengan la sanción correspondiente por parte de nuestro ordenamiento jurídico.
Defendemos que los espacios públicos en toda España sean un espacio de convivencia, libertad y neutralidad, evitando que puedan llenarse de emblemas independentistas con absoluta impunidad.
NECESIDAD DE LA LEY
– Los mandatos Constitucionales relativos a estos aspectos, no se encuentran suficientemente desarrollados, siendo preciso completar algunas normas ya en vigor desde 1981. Se atiende a nuevas circunstancias de hecho y a la jurisprudencia del TS sobre neutralidad institucional.
– El Tribunal Supremo en Sentencia del de 28 de abril de 2016, se refiere a la obligada neutralidad institucional de las Administraciones Públicas y, con ella, de las autoridades, funcionarios y empleados públicos, porque están obligados a ser objetivos y a vincularse a los principios de legalidad y prohibición de la arbitrariedad.
– La colocación de ciertos símbolos, como los independentistas, supone romper tal objetividad, considerándolos partidistas; esto es incompatible con el deber de objetividad y neutralidad exigible a los poderes públicos y a las Administraciones.
A QUIEN VA DIRIGIDA LA LEY
A las autoridades públicas, que deberán velar por la neutralidad institucional así como denunciar los delitos de ultraje.
A los empleados públicos, que también deben estar sujetos al principio de neutralidad institucional. Por ejemplo, los profesores y los médicos no podrán llevar un lazo amarillo en el ejercicio de su trabajo, y los concejales, alcaldes y policías locales estarán obligados a mantener la neutralidad del espacio público.
A todos los ciudadanos, que deben acatar la Constitución y las leyes.
La propuesta delimita con claridad las obligaciones de las autoridades públicas (altos cargos y funcionarios) y el resto de los empleados públicos. A los primeros, autoridades, les obliga a abstenerse de realizar y corregir en el acto cualquier tratamiento ilegal o cualquier ofensa, demérito, vilipendio o desprestigio de los símbolos nacionales y oficiales.
Queremos que los partidos apoyen esta iniciativa para acabar con los lazos amarillos y los ultrajes a la Corona, entre otras actitudes.
Javier Puente Redondo 