PNL sobre implantación de un modelo español de acreditación de competencias digitales

La trepidante transformación de las relaciones económicas, debido a la irrupción de las tecnologías digitales de la comunicación, está poniendo de manifiesto la necesidad de adaptación de la Unión Europea a esta nueva realidad.

La economía digital tiene además una capacidad catalizadora de las políticas anticíclicas que, bien aprovechada, puede ser un elemento clave en la recuperación económica de la zona euro.

La mitad del aumento de la productividad registrado en los últimos quince años se debe a las TIC, que por si solas representan el 5% del PIB europeo. Esta tendencia se va a acelerar en los próximos años, por lo que es urgente la creación de un mercado único digital, en el que los ciudadanos y las empresas podrán recibir servicios directos, previo a lo cual es necesario profundizar en sus competencias digitales.

La Agenda Digital Europea, es una respuesta sistematizada, consensuada y ambiciosa con vocación de contribuir al crecimiento económico de la UE y la distribución justa de los beneficios potenciales de la era digital entre todos los sectores sociales.

Por ello, la Agenda Digital Europea ya prevé un epígrafe de medidas para «fomentar la cultura, las competencias y la integración digital».

La Comisión Europea avanza hacia un modelo de competencias digitales que reconozca las capacidades y conocimientos adquiridos fuera de la escuela y la universidad. Este modelo debe tener su expresión concreta en los países miembros, con adaptación a su realidad propia.

El 15 de febrero de 2013 el Gobierno aprobó la Agenda Digital para España como «marco de referencia para establecer una hoja de ruta en materia de Tecnología de la Información y las Comunicaciones (TIC) y de administración electrónica y establecer la estrategia de España para alcanzar los objetivos de la Agenda Digital para Europa.

En el marco de la Agenda Digital para España, en Junio de 2013 se publicó el «Plan de inclusión digital y empleabilidad» con el objetivo de «aumentar la accesibilidad de Internet, avanzar en la alfabetización digital, disminuir la brecha digital de género y mejorar la empleabilidad en España».

Dentro del Eje II: «Alfabetización», existe una línea de trabajo específica para la «Formación en competencias TIC», consistente en el desarrollo de programas de formación para la mejora de las competencias digitales, enfocados especialmente a colectivos desfavorecidos.

Los programas tienen la finalidad de mejorar la calidad de vida, la inserción laboral y favorecer su participación como ciudadanos en la Sociedad de la Información.

La medida contempla el desarrollo de cinco programas de formación durante el periodo 2013-2015, para lo que participan cuatro agentes con un presupuesto total de 3,3 millones de euros.

A su vez, en el Eje IV: «Empleabilidad», está prevista una línea de acción para el «establecimiento y difusión de modelos de competencias digitales para profesionales y ciudadanos».

Y, entre las principales acciones a desarrollar, se encuentran las «Acciones de difusión del modelo europeo de competencias digitales para profesionales y de modelos básicos de Competencias TIC para ciudadanos.

En España quizá las dos experiencias más reconocibles son las de Cataluña y Euskadi, si bien es la primera la que más se acerca al planteamiento europeo.

El proyecto catalán, denominado ACTIC (Acreditación de Competencias en Tecnologías de la Información y la Comunicación), ofrece al final del proceso un certificado acreditativo de la competencia digital, entendida como la combinación de conocimientos, habilidades y actitudes en el ámbito de las TIC.

Para ello, dispone de una eficiente plataforma técnica e informática que simplifica el proceso y lo aborda de manera integral, desde la inscripción hasta la propia emisión del certificado de competencia en sus tres niveles (básico, medio y avanzado).

La extensión de este modelo al resto de Comunidades Autónomas sería relativamente sencilla, si partimos de lo hecho en Cataluña y sí somos capaces de integrar en esta generalización al sector privado de las TIC que, en cierta forma, es también beneficiario de esta iniciativa junto a los ciudadanos.

Efectivamente, para las empresas españolas TIC y no-TIC es útil y necesario que los procesos de incorporación y renovación de recursos humanos vengan acompañados de una cierta objetividad a la hora de valorar las aptitudes digitales, sin que ello suponga costes ni trámites añadidos. Por ello, es conveniente que participen activamente en la creación e implantación del modelo español de acreditación de competencias digitales.

El proceso de implantación digital debe estar íntimamente compartido entre las administraciones públicas y las empresas privadas, por lo que debe hacerse mediante un modelo de encuentro y colaboración público-privada.

Por todo ello el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY:

«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a impulsar la implantación de un modelo español de acreditación de competencias digitales, en la línea de la Agenda Digital europea y la Agenda Digital para España, extendiendo a todo el territorio nacional las buenas prácticas ya existentes en algunas Comunidades Autónomas, mediante instrumentos de colaboración público-privada entre las distintas administraciones y empresas».