El PP en el Senado reclama una plataforma única contra los ‘ciberdelitos’

– Nota de prensa

– Moción completa

NOTA DE PRENSA

El PP en el Senado reclama una plataforma única contra los ‘ciberdelitos’

Dos senadores del Partido Popular, Esther del Brío y Javier Puente, han presentado una moción en la Cámara para exigir al Gobierno la creación de una plataforma única para combatir los cibedelitos. También exigen más medios, sensibilización y formación contra las estafas en la red. A su juicio, las fuerzas de seguridad del Estado deben contar con medios suficientes para estar al día y combatir estas prácticas, que aumentan de forma exponencial.

Entre las propuestas más novedosas del PP está la creación de una plataforma única, “donde todos los usuarios de internet puedan pedir ayuda en caso de ser objetos de actividades ilegales en línea”. De esta forma se facilitaría la coordinación de las fuerzas y cuerpos de seguridad que luchan contra estos crímenes, algo fundamental para afrontar el desafío de delincuentes que actúan a nivel internacional.

“Es preciso que haya un referente en la red, igual que hay un número de teléfono claro contra la violencia doméstica o ante cualquier emeregencia”, asegura Javier Puente. A su juicio “los consumidores necesitan tener a mano una dirección única, desde la que se puedan derivar las denuncias a las fuerzas de seguridad competentes, igual que ocurre cuando hay un accidente de tráfico”.

La complejidad de los ‘ciberdelitos’ exige una respuesta contundente y coordinada de las autoridades. Por ello, en primer lugar exigen “dotar a las autoridades judiciales y las fuerzas y cuerpos de seguridad, que luchan contra la ciberdelincuencia, de la financiación suficiente, aumentado su presupuesto para poder establecer los recursos y capacidades necesarios”. De esta forma se podrá evitar “el considerable número de ciberdelitos que quedan impunes hoy en día en nuestro país, aumentando la plantilla si fuese pertinente”.

Pero no solo es preciso aumentar los recursos de quienes luchan activamente contra ello, sino también trabajar en la prevención. Por este motivo, en la moción del PP se exige al Gobierno “invertir en Educación para paliar la falta de profesionales cualificados en materia de ciberseguridad, incluyendo la ciberseguridad, así como las consecuencias del uso de datos personales en línea, en los currriculos escolares de Informática”. 

También apuestan los senadores populares por campañas de sensibilización e información. “Es preciso garantizar la protección de quienes son más vulnerables a las estafas en la red, como son los ancianos o las personas con menos formación o con discapacidad. No pueden quedar desprotegidos ante las amenazas on-line”, asegura el senador Javier Puente. 

En este sentido, la moción presentada en el Senado exige “campañas de sensibilización, información, educación, buenas prácticas y prevención en ciberseguridad, con la participación de todos los agentes y partes interesadas pertinentes”. Estas campañas deben estar dirigidas “tanto a la ciudadanía, como a la Administración Pública, Entidades locales, los operadores primordiales y los actores del sectorprivado, en especial las pymes”. El objetivo es que sean conscientes de los riesgos que supone la ciberdelincuencia y sepan cómo preservar su seguridad en línea y proteger sus dispositivos”.

“Internet no tiene fronteras y los delincuentes no encuentran límites”, asegura el senador Puente. Por eso, en la moción presentada en la Cámara considera necesario establecer un seguimiento de la evolución de la ciberdelincuencia y monitorizar las tendencias en las prácticas delictivas, en España y en el resto del mundo.

MOCIÓN COMPLETA

A LA PRESIDENCIA DEL SENADO

EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR, a iniciativa de la Senadora Doña Esther DEL BRIO, senadora por Salamanca, y D. Javier PUENTE, senador por Cantabria, al amparo de lo dispuesto en el artículo 177 del Reglamento de la Cámara, solicita la tramitación de la siguiente MOCIÓN ante la COMISIÓN DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL

Internet está presente en nuestro día a día y ha significado un avance sin parangón en nuestras vidas. En él cabemos todos, pero en ese “todos” entran también los delincuentes.
Los ciberdelitos aumentan año tras año, siendo, además, cada vez más complejos y produciendo cada vez mayores daños sociales y económicos que perjudican gravemente los intereses de los consumidores de servicios digitales.

La mayor interconexión de personas, lugares y objetos que nos ha traído la Red, sin duda, nos aporta múltiples beneficios, pero también aumenta el riesgo de caer en este tipo de delitos y si los medios de conexión no están bien protegidos, o no existe la información y formación adecuada en ciberseguridad, nos convertimos en el objetivo ideal para los ciberdelincuentes.
La ciberdelincuencia se está convirtiendo en un grave problema en nuestro país. Hoy por hoy se calcula que se están produciendo unos 40.000 ataques diarios, lo que supone un crecimiento en el último año de un 125%, situando a España como el tercer país más atacado de Europa.

De las 360.551 estafas recogidas por el ministerio de Interior en 2020, 197.397 se produjeron a través de internet, superando en número a los delitos convencionales, como son el tráfico de drogas, o robos con violencia o intimidación.

Al intentar combatir estos delitos nos encontramos con barreras, como el que exista un número considerable de ciberdelitos que quedan sin investigar e impunes, o que muchos casos queden sin denunciar y que aún resulte complejo tratar las pruebas digitales, añadiendo a esto que las fórmulas de ciberataques cambian constantemente, provocando nuevos problemas jurídicos y tecnológicos.
Estos delitos pueden afectar a individuos y entidades públicas o privadas y adoptan multitud de formas, como violaciones de la privacidad, abuso sexual, incitación pública a la violencia y al odio, sabotaje, espionaje, delitos financieros y fraude, robo y robo de identidad, interferencia ilegal en sistemas de información, etc.
Un ejemplo de esta situación son los recientes ataques a diversos organismos Estatales, que han demostrado claramente la grave vulnerabilidad de las instituciones ante estas, cada vez más, sofisticadas técnicas, con complejos programas maliciosos. Creemos que es necesario establecer también barreras cada vez más sofisticadas, acordes con los tiempos, a fin de reducir la vulnerabilidad de nuestras instituciones ante ataques cibernéticos graves.

Consideramos también que tanto las autoridades judiciales, como las fuerzas de seguridad deben estar dotadas de capacidades y financiación suficientes como para reaccionar eficazmente ante estos tipos de delitos y estar preparados para hacer frente a su constante evolución y complejas transformaciones.

Como vemos, nadie está libre y no se puede hacer frente por sí solos al desafío que supone conseguir que el mundo conectado sea más seguro, por ello consideramos que el Gobierno deben contribuir a la ciberseguridad llevando a cabo todas aquellas medidas que impulsen un comportamiento más seguro para todos los usuarios.

Por todo cuanto antecede, el Grupo Parlamentario Popular propone a la aprobación de la Comisión de Asuntos Económicos y Transformación Digital la siguiente:

MOCIÓN

La Comisión de Asuntos Económicos y Transformación Digital insta al Gobierno a:

– Dotar a las autoridades judiciales y las fuerzas y cuerpos de seguridad, que luchan contra la ciberdelincuencia, de la financiación suficiente, aumentado su presupuesto para poder establecer los recursos y capacidades necesarios, que eviten el considerable número de ciberdelitos que quedan impunes hoy en día en nuestro país, aumentando la plantilla si fuese pertinente.

– Establecer todas las medidas necesarias para que las víctimas de ciberataques personales puedan disfrutar plenamente de todos los derechos y que redoblen sus esfuerzos en relación con la identificación de víctimas y los servicios centrados en las víctimas, también mediante el apoyo continuado de los grupos de trabajo sobre identificación de víctimas.

– Crear una plataforma única donde todos los usuarios de internet puedan pedir ayuda en caso de ser objeto de actividades ilegales en línea.

– Que estudie y desarrolle instrumentos jurídicos más eficaces para la lucha contra la ciberdelincuencia.

– Desarrollar todas las herramientas necesarias para mejorar la protección de las comunicaciones entre particulares y entre particulares y entidades públicas y privadas, con el fin de evitar la ciberdelincuencia.

– Establecer un seguimiento de la evolución de la ciberdelincuencia en nuestro país para conocer las tendencias de los ciberdelitos y las posibles vulnerabilidades de seguridad en la red, a fin de mejorar la lucha contra los mismos.

– Establecer ayudas específicas tanto para los proyectos de investigación, como la asociación público-privada sobre ciberseguridad, orientada a fomentar la innovación y la creación de capacidades.

– Invertir en educación para paliar la falta de profesionales cualificados en materia de ciberseguridad, incluyendo la ciberseguridad así como las consecuencias del uso de datos personales en línea, en los currículos escolares de informática.

– Establecer campañas de sensibilización, información, educación, buenas prácticas y prevención en ciberseguridad, con la participación de todos los agentes y partes interesadas pertinentes, y dirigidas tanto a la ciudadanía —con especial incidencia en los usuarios más vulnerables—, como a la Administración Pública, Entidades locales, los operadores primordiales y los actores del sector privado, en especial las pymes, para que sean conscientes de los riesgos que supone la ciberdelincuencia y sepan cómo preservar su seguridad en línea y proteger sus dispositivos.

– Adoptar políticas y acciones proactivas para la defensa de las redes y las infraestructuras críticas, invirtiendo en la mejora de la seguridad y defensa de las infraestructuras críticas del Estado, de manera que puedan tener los medios tecnológicos suficientes para resistir a los ciberataques.

– Establecer los medios necesarios para la protección y obtención de pruebas electrónicas con mayor celeridad.

– Aumentar la cooperación internacional, con el apoyo de la UE, en la lucha global contra la ciberdelincuencia, en particular, mediante el intercambio de mejores prácticas, las investigaciones y sanciones conjuntas y la asistencia jurídica mutua, entre otros.

Palacio del Senado, 13 de octubre de 2021

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