Mucho teatro para esconder una víctima: la libertad de expresión

Artículo de opinión publicado en el Diario Montañés (26 de enero de 2021)

¿Alguien se imagina en España que un grupo de manifestantes desarmados irrumpieran sin más en el Congreso o en el Senado en una jornada clave para el país? ¿Que la Guardia Civil o la Policía Nacional fueran desbordadas por personajes disfrazados de indígenas? ¿Que alguien se llevara a casa un atril del hemiciclo?

Si algo demostró la violenta irrupción en el Capitolio del pasado 6 de enero en Washington es que su seguridad nacional no es de película. He sido diputado y senador durante varios años y doy fe de que un asalto de ese tipo no sería posible en España. Y es algo de lo que me siento orgulloso. La confianza en nuestras fuerzas de seguridad es un activo que debemos valorar.  

Al margen de ese despreciable ‘show’, lo que me parece grave es el abuso por parte de grandes compañías tecnológicas para censurar cuentas y plataformas de forma preventiva. Tienen todo su derecho a bloquear a los delincuentes o a quienes fomenten la violencia o el odio, pero no a ‘presumir’ el mal uso futuro bloqueando toda una aplicación de comunicación como ‘Parler’. 

Desde la presidenta de Alemania hasta el de México, las voces de quienes alertan del excesivo poder de estos grandes medios tecnológicos se extienden cada vez más. No se trata de meros emitentes de información, que tendrían todo el derecho a aceptar o no distintos contenidos, son compañías que prestan un servicio público, aunque sean privadas. 

Es algo así como si una compañía privada de autobuses decide suspender el servicio en una ciudad porque prevé que pueden acudir a un evento en el que podrían producirse abusos. O como si nos cortan el servicio telefónico a toda una ciudad porque alguien ha hechollamadas a la violencia. Son acciones radicales, que no tienen proporcion con el esperpento del pasado 6 de enero. 

La democracia se basa en la libertad de expresión. Y es el poder judicial el que debe tutelar los límites. Porque si no, serán los poderes fácticos, empresariales o políticos, los que impondrán el pensamiento único, actuando de forma arbitraria, sin ningún control.

A partir de ahí debemos actuar en dos frentes: evitar los monopolios en estas redes y exigir a quienes prestan esos servicios que no puedan arbitrariamente cerrar perfiles, sin unas causas objetivas e iguales para todos. 

Los cambios tecnológicos de estos últimos años se producen a un ritmo vertiginoso. Tanto los ciudadanos, como los legisladores, debemos responder con firmeza a la amenaza que suponen para la libertad de expresión, la auténtica víctima de este 2021.

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