Durante el confinamiento tuve la posibilidad de trabajar con mis compañeros del Partido Popular de la Comisión de la Sociedad de la Información, Innovación Tecnológica y Agenda Digital de la FEMP.
Resumen de conclusiones aprobadas.
SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN, INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y AGENDA DIGITAL
Comisión de la Sociedad de la Información, Innovación Tecnológica y Agenda Digital
Propuestas de actuaciones en el conjunto de Entidades Locales, en el ámbito de la lucha contra el Covid-19 y la reconstrucción.
A. Promover la implantación de herramientas y procedimientos de Teletrabajo en el Conjunto de Entidades Locales.
La actual pandemia ha generado que el conjunto de la sociedad haya tenido que asumir un cambio radical en el ámbito laboral de forma urgente, y los Gobiernos Locales han afrontado el reto. No obstante, y tras los resultados observados, necesariamente se debe ampliar la forma en la que las Administraciones Locales prestan sus servicios y habilitar canales basados en las herramientas tecnológicas disponibles.
Por este motivo creemos que las nuevas formas de trabajo inducidas por la pandemia deben consolidarse y estructurarse, facilitando la ampliación de servicios añadidos a los conceptos de oficinas y centros de trabajo tal y como están concebidos actualmente.
Recomendamos:
• La elaboración de un plan especial en cada Administración Local que desarrolle todos los aspectos del Teletrabajo: Infraestructuras de comunicaciones, adaptaciones legales, sistemas de medición y objetivos, así como la seguridad de la información y de los datos; y se propone a la Junta de Gobierno de la FEMP elevar a las autoridades competentes la posibilidad de dotarlo de apoyo financiero.
• Crear e implementar nodos permanentes en cada Administración Local, que permitan acometer de una manera rápida y efectiva, las necesidades de teletrabajo de parte del personal de la Administración.
• Establecer, sobre todo para en el ámbito de los municipios rurales la posibilidad de teletrabajo, por parte del personal municipal, cuando las condiciones así lo requieran. Para ello es preciso la puesta en marcha de servicios provinciales, por las Diputaciones, que permitan la virtualización del puesto de trabajo de los pequeños municipios.
• La finalidad del Esquema Nacional de Seguridad es la creación de las condiciones necesarias de confianza en el uso de los medios electrónicos, a través de medidas para garantizar la seguridad de los sistemas, los datos, las comunicaciones, y los servicios electrónicos. Por este motivo debemos establecer desde las administraciones públicas competentes el desarrollo medidas que permitan un control del cumplimiento del esquema de seguridad nacional. Este tipo de medidas deben ir encaminadas a establecer confianza en el uso de medios electrónicos desde los servicios informáticos de las administraciones locales. Se deben establecer por lo tanto parámetros que permitan controlar de manera fehaciente aquellas iniciativas tanto públicas como privados que prestan servicio a las administraciones locales.
• Recoger no sólo la necesidad de elaboración de herramientas de teletrabajo, sino también a nivel de organización y funcionamiento de las entidades locales, la utilización de aplicaciones de videoconferencia múltiple para la celebración de sesiones de Plenos, comisiones y demás órganos colegiados; habilitadas jurídicamente de forma excepcional para el periodo del estado de alarma, es más que previsible que hayan llegado para quedarse. Es necesario colaborar con las entidades locales para el desarrollo y aplicación de estas herramientas, así como la formación necesaria a nuestros alcaldes, concejales y personal de las administraciones que asiste a los órganos colegiados
• Recomendar la generación de una normativa específica, al menos de ámbito autonómico, que promueva una normalización en los derechos y obligaciones de todas las administraciones públicas con el fin de que todos los funcionarios públicos la conozcan y tengan los mismos derechos y obligaciones, sea cual sea la Administración en la que trabajen.
• Realizar un plan de implantación provincial/autonómico con financiación compartida que redundaría en una reducción de los costes de implantación y en una estandarización administrativa.
• Implementar una red provincial de comunicaciones con gestión unificada de los puestos de trabajo para los Ayuntamientos, prestando los servicios desde la Diputaciones Provinciales, con la intención de impulsar y garantizar nuevas infraestructuras de teletrabajo en los Ayuntamientos de menor tamaño.
• Poner en marcha modelos de competencias digitales y certificación de las mismas entre empleados de las administraciones públicas. La formación y capacitación digital de los empleados públicos, mediante acreditación obligatoria, serviría para disponer de capital humano con las aptitudes necesarias y propias para trabajar en el escenario digital presente y futuro. Este tipo de formación se presupone clave para el correcto funcionamiento de los ayuntamientos más pequeños ya que, con carácter general, son los que más carecen de personal especializado en Nuevas Tecnologías.
B. Promover la realización de las reuniones, actos, formación, encuentros, etc. de las Administraciones Locales, a través de medios Telemáticos. La actual situación de crisis sanitaria no debe suponer un freno para la normal actividad de nuestras Administraciones Locales.
Durante el período que nos espera hasta que una vacuna sea encontrada en el que, según los datos de las autoridades sanitarias, pueden producirse un número de contagios más o menos importantes de la enfermedad de manera estacional, debería priorizarse la distancia de seguridad social como un estándar a cumplir. Por este motivo debemos ser creativos en la manera en que llevamos a cabo la actividad ordinaria y que antes exigía de la presencia de las personas implicadas, empleando las tecnologías de la información y las telecomunicaciones para la realización de reuniones, actos, formación, encuentros, etc. Las experiencias más exitosas podrán ser tomadas en el futuro como referentes ya que, entre otras cuestiones, podrían facilitar la participación de todo tipo de público, y previsiblemente proporcionarán ahorros en los costes tanto de producción como de asistencia a los eventos mencionados.
Los planes de extensión de banda ancha pilotados por el gobierno de la nación, iniciados en 2018 con el Plan 300 * 100 y continuados con el Plan PEBA-NGA 2020- 2023, llegarán, presumiblemente, en los próximos años al 98% de la población de cada provincia. No obstante, ese 2% de población, en provincias con alta dispersión geográfica, pueden ser muchos municipios que seguirían siendo zonas blancas, sin conectividad.
Es necesario la adecuación del entorno regulatorio al nuevo escenario en el que la disponibilidad de estos servicios constituye uno de los factores fundamentales para la supervivencia de nuestro medio rural. Por ello es preciso dotar de medios a esos municipios para que el acceso a los servicios digitales de sus administraciones esté garantizado:
• Favoreciendo la complementación de los planes estatales con otros posibles planes de comunidades autónomas y entes locales con diferentes tecnologías, no necesariamente fibra, que permitan la prestación de banda ancha de al menos 30 megas a todas las localidades que sean zonas blancas, permitiendo una rápida extensión de la banda ancha en el conjunto del territorio.
• Estudiar la viabilidad de un plan conjunto con las grandes teleoperadoras que permita instalar fibra 300MB en todos los municipios del territorio nacional. A medio plazo la fibra óptica se posiciona como el medio más estable para prestar servicio de internet. Dentro de este proyecto habría que analizar su coste y su instalación, empleado, por ejemplo, la red de carreteras nacional.
• Removiendo las limitaciones impuestas por competencia para la explotación por los ayuntamientos de redes abiertas a los ciudadanos. La iniciativa WiFi4EU que promueve el libre acceso de los ciudadanos a la conectividad wifi en espacios públicos, ofrece un nuevo escenario regulatorio que debe ser extendido a cualquier provisión de servicios wifi por entidades locales. No tiene ningún sentido que no tengan limitaciones de acceso los ciudadanos de municipios beneficiarios de WiFi4EU y sí que las tengan el resto.
• No podemos olvidar la TDT, como servicio fundamental para todos los ciudadanos. Existen hoy en día amplios territorios rurales con una señal deficiente o inexistente de televisión, agravada más aún por los procesos de transición al dividendo digital. Este problema, más allá de las obligaciones de los operadores y de las redes de extensión que han desarrollado las comunidades autónomas, no puede ser resuelto con la proliferación de repetidores por todo el territorio; es necesario pensar en la habilitación normativa de nuevas soluciones.
Debemos recomendar que las herramientas no se limiten a las videoconferencias, sino que vayamos un paso más allá e implantemos herramientas que nos permitan el trabajo telemático compartido, lo que nos dará una mayor productividad a la vez que nos permitirá mantener la necesaria distancia social.
A la vez y volviendo al punto anterior se debería unificar las herramientas telemáticas ya que todos sabemos la variedad de plataformas existentes y los problemas que provoca el tener que usar una diferente para realizar videoconferencias con cada Entidad.
Desarrollar un programa de formación periódico en las nuevas tecnologías que se vayan incorporando a los procedimientos de teletrabajo, e-learning, cooperación remota, compartición de procedimientos, etc.
Eliminar la Brecha Digital mediante un plan de actuación rápido de formación en competencias y digitales.
C. Promover la consolidación y continuidad del conjunto de Procedimientos telemáticos desarrollados por los ayuntamientos La crisis sanitaria ha servido como impulso para la prestación de los servicios públicos locales de manera telemática.
La Comisión considera prioritaria la revisión y consolidación que garantice la continuidad de los nuevos procedimientos implementados a raíz de la pandemia, y que habilitan un nuevo canal de comunicación con el ciudadano que, en algunos casos, aún no se encontraba abierto, o no estaba disponible para determinados servicios.
Es preciso promover, para el acceso del ciudadano a los portales de servicios municipales para la realización de cualquier tramitación electrónica, la creación de servicios en la nube que permitan a los ciudadanos el acceso a los tramites online de manera segura.
Promover la utilización de las sedes electrónicas municipales, completando el catálogo de trámites y procedimientos puestos a disposición de la ciudadanía y unificando la terminología y variedad. Es absurdo que cada Administración Pública determine procedimientos diferentes con terminologías y nombres diferentes cuando todos nos regimos por las mismas normativas, al menos a nivel autonómico. La ciudadanía no tendría por qué conocer en profundidad la forma de trabajo de cada Administración y deberíamos proporcionarle canales de comunicación unificados en una única plataforma (App Ciudadana) e iguales en su descripción y variedad de procedimientos en todas las Administraciones públicas.
Crear un panel de monitorización de los servicios de administración electrónica que ya se dispongan y los que se vayan incorporando a cada Administración Local, compartido en la propia FEMP para poder establecer un punto de ayuda entre todas ellas, dando mayor relevancia a las que sean más sensibles a estados sobrevenidas, como puede ser el de futuras pandemias.
D. Promover la conectividad en las áreas rurales y la desaparición de la brecha digital existente.
La crisis generada por el COVID-19 ha puesto de relieve la importancia de las telecomunicaciones, que en estos días han permitido mantener en funcionamiento muchos sectores económicos, incluido el sector público.
Hay que ser conscientes de que esta posibilidad ha venido dada por el importante despliegue de redes de comunicaciones de alta velocidad (como la fibra óptica) en el territorio español. No obstante, algunas zonas, especialmente las rurales, no disponen de este tipo de redes, razón por la cual, la situación actual ha acentuado la brecha digital ya existente.
El despliegue de redes de comunicaciones de alta velocidad en todo el territorio, dando cobertura de banda ancha ultra rápida y despliegue de fibra óptica en todas las poblaciones, ha de ser, por tanto, una prioridad.
Desde la Comisión consideramos de gran importancia trabajar para intentar solucionar esta situación colaborando con las administraciones competentes e impulsando los cambios normativos necesarios para, entre otras cuestiones, posibilitar la actuación de las administraciones públicas en este ámbito.
E. Promover la creación de soluciones públicas compartidas en la “nube”.
Aunque todas las Entidades Locales pueden verse beneficiadas de soluciones públicas en «cloud computing», los que más lo harían son los pequeños municipios, que al integrarse con las soluciones del Centro de Transferencia Tecnológica de la Administración General del Estado, podrían avanzar en la transformación digital de sus organizaciones cumpliendo los requisitos técnicos de seguridad e interoperabilidad definidos en el Esquema Nacional de Seguridad y el Esquema Nacional de Interoperabilidad.
La actual crisis sanitaría, ha potenciado la visibilidad de estas carencias preexistentes, y desde la comisión promoveremos estas herramientas, y solicitaremos a los organismos competentes la ayuda necesaria para la realización de formación específica para los empleados públicos locales.
F. Impulsar la aplicación de tecnologías y estrategias de ciudades inteligentes, las denominadas smart cities, para facilitar la interacción remota, la recogida de información y su tratamiento posterior para la obtención de conocimiento del medio.
La imposibilidad de realizar desplazamientos, o la dificultad para ello sin poner en riesgo el confinamiento, están limitando el control y seguimiento de los servicios públicos, especialmente en las zonas rurales, con muchos menos medios. Sin embargo, la tecnología dispone de numerosas herramientas que nos permiten la telegestión de los servicios públicos: alumbrado, abastecimiento, depuración, riego, control de accesos, gestión de tráfico, etc. Todas ellas nos pueden permitir no sólo una más eficaz y eficiente prestación de los servicios, sino que también una información efectiva en tiempo real que nos facilite la toma de decisiones.
Ese impulso a las smart cities tiene que ser paralelo a la apuesta por los territorios inteligentes en las zonas rurales (smart villages). La FEMP en cooperación, con la Unión Europea, las Comunidades Autónomas y los municipios, en el desarrollo de SMART VILLAGES – TERRITORIOS INTELIGENTES, deben trabajar juntos para conseguir:
1- Las comunidades de áreas rurales puedan desarrollar soluciones inteligentes que respondan a los retos de su contexto local.
2- Se lleve a cabo el desarrollo sostenible de sus territorios a partir de las fortalezas y oportunidades locales.
3- Se desarrollen e implementen las estrategias de cara a mejorar sus condiciones económicas, sociales y ambientales, particularmente promoviendo la innovación y utilizando las soluciones que ofrecen las tecnologías digitales.
4- Se facilite el uso de estas nuevas tecnologías de la información y comunicación, como herramienta imprescindible para el desarrollo, poniéndolas al servicio de los territorios y de todos sus habitantes.
5- Logren beneficiarse de la cooperación y alianzas con otras comunidades y actores de zonas rurales y urbanas.
6- Permitan, en su caso, que el inicio y la implementación de estrategias Smart Villages se pueda construir a partir de iniciativas existentes.
7- Se lleve a cabo un plan de desarrollo de la zona que permita y garantice una proyección de futuro a las empresas, a los autónomos y a los emprendedores en general.
8- Se logren fuentes de financiación necesaria para su implantación.
9- Se busquen las fórmulas para simplificar y armonizar todas las fuentes de financiación (municipal, autonómica, estatal y europea) para llevar a cabo una
política transversal de desarrollo territorial.
G) Mejorar y simplificar los procedimientos de firma y certificación, así como de validación de documentos.
El confinamiento ha provocado que los registros presenciales de los Ayuntamientos se hayan reconvertido en registros telemáticos, fomentando su mayor uso por parte de los usuarios, tanto particulares como empresas. De esta forma, la experiencia está poniendo en evidencia la necesidad de mejorar y simplificar los procedimientos de firma y certificación, así como de validación de documentos.
El certificado digital debe ser más ágil, operativo y de fácil uso; o alternativamente, poner en marcha otras fórmulas de autenticación de la identidad más extendidas en otros ámbitos, como la generación de códigos al teléfono móvil del usuario, por mencionar un ejemplo de uso común entre la población. Los necesarios requisitos y garantías legales habrán de combinarse, en definitiva, con una mayor facilidad de uso. Debemos:
• Estudiar la posibilidad de que los planes provinciales de gasto e inversión se diseñasen sobre una base tecnológica de iniciativas inteligentes en el territorio. Aunque no todas las infraestructuras tengan esta posibilidad en su totalidad, la mayoría son objeto de gestión inteligente en un alto porcentaje, consiguiendo una mejor optimización del servicio que prestan.
• Desarrollo de aplicaciones móviles de fácil utilización, de ámbito regional o provincial, que sirvan para domiciliar y pagar impuestos municipales de manera telemática, sin necesidad de seguir realizando pagos presenciales. Desde una misma aplicación se podrían unificar todos los pagos y derivarlos automáticamente a la administración competente.
• Desarrollo e instalación de puntos de acceso municipales en los que poder realizar de forma telemática los trámites burocráticos correspondientes a cualquier administración pública mediante la utilización del DNI electrónico.
Javier Puente Redondo 