Artículo de opinión publicado por http://www.eldiariomontanes.es el 3 de julio.
Los ciudadanos demandan, hoy más que nunca, consensos en política. Y muy especialmente en un pilar de nuestro sistema, la Educación. Para ello es necesario escuchar, dialogar, distinguir lo importante de lo urgente, lo esencial de lo accesorio. Dejar a un lado la ideología. ¿Es esto lo que está ocurriendo en nuestro panorama político? Lamento tener que decir que no.
Sobre el diálogo. Isabel Celaá, en plena pandemia se ha dedicado a preparar una nueva ley sin escuchar a los padres de alumnos, que estaban confinados en sus casas tratando de trabajar a distancia y mantener la formación de sus hijos. Sin escuchar a los profesores, que han puesto todo de su parte, con una gran profesionalidad y dedicación, para seguir enseñando a sus alumnos. Mucho menos ha escuchado a la oposición.
Distinguir entre importante y urgente es algo básico que tampoco ha aprendido la ministra de Educación. Lo urgente hoy no es una nueva ley de educación precipitada y sin consenso. Lo urgente es analizar la situación y preparar concienzudamente el próximo curso. Asegurar la formación de nuestros hijos a la vez que evitar, o al menos minimizar, los contagios.
A la comunidad educativa le preocupa la seguridad en los centros de educación. ¿Cómo se van a organizar las aulas en septiembre? ¿Aulas burbuja? ¿Online? ¿Sistema mixto? ¿Aulas de 15 alumnos?
Es también urgente saber cómo se va a gestionar el déficit educativo de algunos alumnos de cara al próximo curso. Las lagunas formativas de estos meses pueden pasar factura y es importante tener preparado algún sistema de refuerzo. ¿Cuántos alumnos han seguido realmente las lecciones a distancia? ¿Se conoce el fracaso escolar que esta pandemia pueda haber causado? ¿Se ha podido evaluar de forma justa? Dudo mucho que los mensajes de la ministra cercanos al “aprobado general” hayan sido muy motivadores para los alumnos, más bien son contrarios al valor del esfuerzo, que los padres queremos transmitir a nuestros hijos.
Prioridad también debe ser el garantizar el acceso de todos los alumnos al sistema educativo, en particular si éste vuelve a tener mucho peso online, mediante becas y ayudas para dispositivos electrónicos. Y saber cómo ha impactado en los alumnos con necesidades especiales la educación a distancia, en el caso en que se haya podido seguir.
Éstas son algunas de las cuestiones urgentes para la comunidad educativa a día de hoy. Y son las cuestiones que demanda la mayoría de la población. Pero la ministra Celaá parece estar más ocupada en otras cuestiones.
Desconozco si las prisas de la Ministra por tramitar una nueva ley de Educación responden a exigencias de sus socios separatistas o de una ultra izquierda preocupada en reescribir la Historia y derribar estatuas de descubridores, escritores o políticos -cuando no hay capacidad de argumentación siempre llega la violencia-.
Pero el gobierno que nos dijo que los hijos no pertenecen a los padres nos ha dado esta semana otra muestra de su sectarismo ideológico. En la comisión de reconstrucción deja fuera de las ayudas de a las escuelas concertadas. Se repartirán 2.000 millones de euros para la educación postcovid, pero exclusivamente en la escuela pública.
Se trata de un ataque sin precedentes a la escuela concertada, que atiende a más de un 25% de los alumnos, y a la libertad de los padres para elegir la educación de sus hijos, tal y como promulga la Constitución. El dardo ideológico a la escuela concertada termina perjudicando a más de 2 millones de alumnos, que quedarán discriminados injustamente.
Éste no es el momento de la ideología. Ahora es el momento de resolver las situaciones de urgencia que se presentarán en los próximos meses en los centros educativos. Los padres de alumnos piden certezas, piden un esfuerzo de la Administración que compense el desamparo que han sufrido en los últimos meses. Padres que se han visto desbordados profesionalmente, con negocios o trabajos paralizados, al tiempo que tenían que hacerse cargo de sus hijos en casa. O, aún peor, el drama que han vivido los familiares o víctimas directas del coronavirus con hijos a su cargo.
Y en medio de esta situación, como la orquesta del Titanic, la ministra no ha estado pendiente de los problemas urgentes, porque ella pensaba que lo importante era hacer una nueva ley.
No es el momento de sacar una ley de Educación, sin hablar con los padres, sin hablar con los profesores, sin hablar con la oposición. No es el momento de sacar una ley de Educación que amordaza los derechos y libertades de los padres a elegir la educación de sus hijos. No es el momento de aprovechar la tragedia del Covid para hacer sectarismo político discriminando flagrantemente a la escuela concertada en las ayudas públicas.
En nombre de millones de padres de familia, le pido a la Ministra que escuche, dialogue, aparque ideologías y ayude a resolver lo urgente antes de que sea demasiado tarde.
Javier Puente Redondo
Senador por el PP de Cantabria
Javier Puente Redondo 