Ley de Venta Directa del Productor al Consumidor

NOTA de PRENSA

En una moción para su debate en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación del Senado el Grupo Popular pide al Gobierno una Ley de venta directa del productor al consumidor.


•Los senadores cántabros Javier Puente y Amaya Landín reclaman que se fomente la empresa familiar artesanal en el medio rural
•Solicitan impulsar los denominados “Contratos Verdes”, ya que la Administración Pública es el principal consumidor de alimentos del Estado.


11, junio, 2020.- Los senadores del Grupo Popular por Cantabria, Amaya Landín y Javier Puente, han reclamado al Gobierno, en una moción presentada en el registro de la Cámara Alta, que impulse una Ley de venta directa del productor al consumidor, tal y como ya existe en distintos países de la U.E., así como en diez CC.AA.

Según han explicado Landín y Puente, “la creación de un marco normativo básico con el que posibilitar la venta directa o venta de proximidad de los productos agroalimentarios contribuiría, significativamente, tanto en los efectos económicos positivos para ambas partes -productor primario y consumidor final-, como en el consiguiente conocimiento y sensibilización del consumidor ante los productos alimentarios locales.

Además, la iniciativa presentada por los senadores populares pretende fomentar “la empresa familiar artesanal en el medio rural como una entidad mercantil con personalidad jurídica propia, que desarrolla un conjunto de actividades primarias, secundarias y terciarias”. Para ello, piden que se aplique una legislación flexible, adaptada a sus procesos de producción y elaboración, y garantizando la calidad de los servicios, la seguridad alimentaria y el bienestar animal.

Otro de los puntos de la moción, insta al Gobierno a impulsar los denominados “Contratos Verdes”, ya que la Administración Pública es el principal consumidor de alimentos del Estado, el cual destina más de 3.500 MM de euros a compras alimentarias. Así, los senadores populares han resaltado que países como Francia contratan el 50% de los alimentos para comedores colectivos, hospitales, residencias, colegios, etc., a productores locales; y un 25% son alimentos ecológicos.

En este sentido, han subrayado la importancia de que, en las compras realizadas por la Administración Pública para los hospitales, centros de mayores, comedores sociales, comedores escolares o bancos de alimentos, se prioricen los productos locales, los de las pequeñas granjas y los agroecológicos; y especialmente aquellos productos procedentes de los sectores que actualmente están resultado más perjudicados por el cierre de la hostelería.

Así mismo, Landín y Puente han reclamado al Ejecutivo que coordine con las Comunidades Autónomas campañas de comunicación y divulgación, para promocionar el consumo de productos locales y frescos, así como los mercados de proximidad.

El texto de la moción del GPP recoge también las siguientes demandas:
• Estudiar la modificación de la Ley de Contratación Pública, para que se tengan en cuenta criterios sociales, como la fijación de población en el medio rural y los beneficios en la economía local. Criterios medioambientales, como producción de residuos y emisiones de carbono por el transporte.
• Abordar la rebaja en la Política Fiscal en el sector agroalimentario en su conjunto, con bonificaciones y exenciones en impuestos como IRPF e IVA.
• Coordinar con las Comunidades Autónomas, a través del Ministerio de Sanidad, la planificación y autorización del sacrificio de animales en las explotaciones cumpliendo con las debidas garantías higiénico-sanitarias para su comercialización local en el marco de la nueva economía de proximidad y habilitar espacios gratuitos a disposición de las ganaderías para la congelación de canales. Con ello se favorece la promoción de la producción artesanal y se refuerza el apoyo a la comercialización local en el marco de la nueva economía de venta directa o de proximidad.

TEXTO MOCIÓN COMPLETA

A LA MESA DEL SENADO
EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR, a iniciativa de Doña Amaya LANDÍN DÍAZ DE CORCUERA y Don Javier PUENTE REDONDO, Senadores electos ambos por Cantabria, al amparo de lo dispuesto en el artículo 177 del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente MOCIÓN para su debate en la COMISIÓN DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN.

Actualmente, uno de los asuntos primordiales y estratégicos para los gobiernos y parlamentos de Europa es el poblamiento de las zonas rurales de los países que forman parte de la Unión. Son diversas las fórmulas con las que se busca favorecer la habitabilidad de estas zonas, y una de ellas es la de adaptar la legislación a la realidad cada vez más numerosa que representan las pequeñas producciones agroalimentarias artesanales y tradicionales ubicadas en el medio rural.

En la actualidad, estas pequeñas instalaciones familiares están sometidas a las diferentes legislaciones sectoriales, que en muchos casos son difíciles de cumplir por no responder a los principios de necesidad y proporcionalidad.

Ello dificulta la viabilidad económica de las pequeñas instalaciones familiares, empresas que conservan el acervo y patrimonio alimentario; que luchan por conseguir ser más competitivas frente a la estandarización y globalización de la producción alimentaria en un escenario en el que el productor, eslabón más débil de la cadena alimentaria, no obtiene, en muchas ocasiones, un beneficio económico justo que permita la rentabilidad de su empresa.

La elaboración de alimentos ligados a la producción de materia prima de gran calidad ayuda a mejorar la salud de los consumidores, pero es que, además, preservan el medio ambiente, el paisaje, la cultura y las formas de vida históricas en el medio rural. Los bienes materiales e inmateriales tan propios y característicos de dicho medio.

Los tiempos han evolucionado y se necesitan cambios legislativos que respondan a las nuevas necesidades detectadas, tanto por parte de los nuevos pequeños productores artesanales, como de las exigencias y crecientes demandas de los consumidores, en relación a la calidad alimentaria y a reforzar el vinculo con los productores, la venta directa y los canales cortos de comercialización.

Las nuevas tecnologías y la innovación permiten cambios legislativos en la transformación de alimentos, en la venta directa, sin poner en riesgo la seguridad alimentaria y el bienestar animal. Algo ya legislado en diez Comunidades Autónomas, pero que en el caso por ejemplo de Cantabria, no se dispone de una normativa reguladora sobre la venta directa.

Por motivos como estos, el Reglamento Europeo, en su llamado “Paquete de Higiene”, contempla exenciones y criterios de flexibilidad dejando fuera del ámbito a las pequeñas producciones artesanales. Instando a los Estados miembros a legislar en este sentido, en función de las peculiaridades culturales y tradicionales de cada país.

A todo ello hay que sumar que, en la actualidad, son muchas las empresas familiares agroalimentarias que a su actividad de producción primaria y de transformación, añaden la actividad turística, la comercialización directa e incluso la educativa y de formación.

Por todo lo expuesto, el GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR propone a la aprobación de la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación la siguiente:
MOCIÓN:

La Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación del Senado insta al Gobierno a:

  1. Considerar a la empresa familiar artesanal en el medio rural como una entidad mercantil con personalidad jurídica propia que desarrolla un conjunto de actividades primarias, secundarias y terciarias, a la que se aplique una legislación flexible, adaptada a sus condicionantes, procesos de producción y elaboración. Siempre garantizando la calidad de los servicios, la seguridad alimentaria y el bienestar animal.
  2. Impulsar la Ley de Venta Directa del Productor al Consumidor, así como Canales Cortos de Comercialización tal y como ya se hace en algunos Estados Comunitarios de Europa, que ya han legislado sobre esta materia, y en diez Comunidades Autónomas de España. Esta ley se impulsaría a nivel estatal al amparo del artículo 149.1.1a de la Carta Magna, que asegura la regulación de las condiciones básicas que garantizan la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales y del artículo 149 1.1.13a de la Constitución Española, sobre bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica. De esta manera, la creación de un marco normativo básico con el que posibilitar la venta directa o venta de proximidad de los productos agroalimentarios contribuiría significativamente tanto en los efectos económicos positivos para ambas partes -productor primario y consumidor final-, como en el consiguiente conocimiento y sensibilización del consumidor ante los productos alimentarios locales.
  3. Impulsar los denominados Contratos Verdes, justificados en que la Administración Pública es el principal consumidor de alimentos del Estado, el cual destina más de 3.500 MM de euros a compras alimentarias, cuyos criterios a valorar son principalmente criterios economicistas. Países como Francia contratan el 50% de los alimentos para comedores colectivos, hospitales, residencias, colegios, etc., a productores locales; y un 25% son alimentos ecológicos. Se insta por tanto a que en la compra realizada por parte de la Administración Pública, la realizada en hospitales, centros de mayores, comedores sociales, comedores escolares, etc. y bancos de alimentos, se prioricen los productos locales, los de las pequeñas granjas y los agroecológicos; y especialmente aquellos productos procedentes de los sectores que actualmente están resultado más perjudicados por el cierre de la hostelería (como el pescado de pesca sostenible y la carne de caprino y ovino).
  4. Incidir entre la sociedad, en coordinación con las Comunidades Autónomas, mediante actuaciones específicas de comunicación y divulgación, la importancia de consumir productos lo más locales y frescos posible, así como la seguridad alimentaria de los mercados de proximidad y otras vías de venta directa. En este punto, se aboga por apoyar la iniciativa del Grupo Parlamentario Popular del Congreso, el cual solicitó al Gobierno de la Nación que aprovechase los 15 millones de euros que va a dar a las plataformas de televisión para promocionar el consumo de los productos agroalimentarios españoles.
  5. Estudiar la modificación de la Ley de Contratación Pública, para que se tengan en cuenta criterios sociales, como la fijación de población en el medio rural y los beneficios en la economía local. Criterios medioambientales, como producción de residuos y emisiones de carbono por el transporte.
  6. Abordar la rebaja en la Política Fiscal en el sector agroalimentario en su conjunto, con bonificaciones y exenciones en impuestos como IRPF e IVA.
  7. Coordinar conjuntamente con las Comunidades Autónomas, a través del Ministerio de Sanidad, la planificación y autorización del sacrificio de animales en las explotaciones cumpliendo con las debidas garantías higiénico-sanitarias para su comercialización local en el marco de la nueva economía de proximidad y habilitar espacios gratuitos a disposición de las ganaderías para la congelación de canales. Con ello se favorece la promoción de la producción artesanal y se refuerza el apoyo a la comercialización local en el marco de la nueva economía de venta directa o de proximidad.

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