A este gobierno se le reconoce el esfuerzo llevado a cabo para recuperar nuestra economía y crear empleo. Pero hay medidas que no se comentan tanto y que son vitales para que nuestro país funcione, medidas de regeneración democrática y para combatir la corrupción.
La corrupción ha existido, existe y existirá. Lo que ha hecho este gobierno es preparar e implementar el mayor paquete legislativo que se haya presentado nunca relativo a la prevención, la disuasión y el castigo de las prácticas corruptas.
Las reformas llevadas a cabo afectan desde la financiación de los partidos políticos hasta el modelo de funcionamiento de los mismos; desde la transparencia de la Administración hasta los requisitos que han de cumplir los altos cargos públicos en el desempeño de sus funciones; desde el endurecimiento de determinados delitos hasta la manera en que se pueda agilizar la instrucción de los sumarios.
Algunas de las medidas puestas en marcha son:
- La aprobación de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.
- Gracias al Portal de transparencia se conoce el coste de adjudicaciones públicas, retribución de los Altos cargos de la Administración, y las autorizaciones tras su ceso para el ejercicio de actividades privadas.
- La Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del Alto Cargo de la Administración General del Estado promueve una exhaustiva ordenación de las obligaciones del alto cargo. Es una ley para la prevención del conflicto de intereses, para la prevención de la incompatibilidad, para la prevención y detección del enriquecimiento injusto.
- Reforma de la Ley Orgánica 8/2007, de 4 de julio, de Financiación de los Partidos Políticos –con las modificaciones aprobadas en marzo de 2015- también contribuye con sus nuevas disposiciones a la lucha contra la corrupción:
- Prohibición de donaciones procedentes de personas jurídicas.
- Prohibición de condonaciones de deuda por parte de las entidades de crédito, y de concesión de créditos en condiciones ventajosas diferentes a las de mercado.
- Reducción a 50.000 € el límite de las donaciones a partidos políticos, con abono de las mismas en cuentas habilitadas al efecto por el Partido Político.
- Comunicación al Tribunal de Cuentas de todas las donaciones superiores a 25.000 €.
- Publicación en la web del partido de las donaciones superiores a 25.000 € con identificación del donante.
- Obligación de publicar la información contable del Partido Político.
- Creación de la figura del Responsable de la gestión económico-financiera del partido político, que deberá comparecer ante el Parlamento.
- Retención de las subvenciones a los Partidos Políticos que no hayan presentado sus cuentas.
- Establecimiento de un elenco de infracciones muy graves, graves y leves, junto con sus sanciones y plazos de prescripción.
- La modificación de la Ley 6/2002, de 27 de junio, de Partidos Políticos, supone un paso adelante en el fortalecimiento de las medidas anticorrupción, al recoger elementos que van a fortalecer la transparencia en los Partidos Políticos, su gestión y la mejora de la posición jurídica del afiliado.
- La Ley del Código Penal LO 1/2015, de 30 de marzo, por la que se reforma la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre del Código Penal, mediante la cual se crea el delito de financiación ilegal de partidos políticos, se aleja a los corruptos de la Administración y de la política y se crea una Oficina de Gestión y Recuperación de activos (con ella se pretende convertir los bienes del delincuente en una oportunidad económica para la sociedad).
- Los proyectos de Ley para la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para el fortalecimiento de las garantías procesales, y la regulación de las medidas de investigación tecnológica (LCrim), incluyen elementos determinantes para la lucha contra la corrupción. Se pretende evitar lo que se conoce como macrocausa y se fija un plazo máximo de instrucción (6 meses para las causas sencillas y 18 para las complejas).
Javier Puente Redondo 