Artículo de opinión publicado en ABC (11 de junio de 2021)
Conocí hace tiempo la historia de José Carlos, un joven nacido en 1997 gracias a la intervención de un grupo ProVida en las puertas de la Clínica Dator, uno de los mayores negocios del aborto en España. Hoy José Carlos es padre de familia, feliz de que su madre le hubiera concedido esa oportunidad en un momento muy duro, en el que encontraron el apoyo de médicos y personas comprometidas.
“Vienen para una tragedia y salen celebrando un cumpleaños”. Es la frase que el doctor Jesús Poveda, quien lleva años ayudando a embarazadas, cuenta sobre muchas madres que cambian de idea junto a clínicas abortistas. Conocer las alternativas, conocer la labor de entidades como Red Madre, Provida o la Fundación Madrina, que cuentan con hogares para madres solteras y que facilitan material sanitario y alimentación para sacar adelante a un bebé, es fundamental.
Por desgracia, hay muchas embarazadas a las que apenas se les ofrece información. Es un momento muy delicado para ellas y algunas personas prefieren cortar de raíz ‘el problema’. Una estrategia que conduce en ocasiones al trauma post-aborto y la frustración.
Personalmente llevo años trabajando en política porque creo que es la forma de ayudar a los más débiles. Y en este caso no solo hablo de la vida que lleva una mujer en su seno, sino también de la propia mujer embarazada. La decisión de abortar siempre es un fracaso. No solo personal o de pareja, sino también colectivo, de una sociedad que no ofrece los medios adecuados para que una mujer pueda sacar adelante un bebé.
Hace unos días el PSOE ha registrado en el Congreso de los Diputados una proposición de ley para castigar con penas de tres meses a un año de prisión a quienes se concentren ante clínicas abortistas. El ‘lobby’ de estos negocios privados tiene como aliado al Gobierno, ya que la mayoría de los médicos del sistema público se niegan a estas prácticas.
Y es que muchos de los que se concentran ante las puertas de estas clínicas son personal sanitario. Médicos o enfermeros con la suficiente formación como para entender lo que supone un aborto. Y tienen todo el derecho del mundo a hacerlo.
Desconozco si finalmente se aprobará o no esta modificación del Código Penal. Queda todavía un trámite parlamentario. Lo que sí puedo asegurar es que no me van a callar. Prefiero estar en la cárcel a que impidan mi derecho a la libertad de expresión. Estoy dispuesto a defender y promover la vida, a ofrecer alternativas a cualquier mujer que quiera abortar, asumiendo todas las consecuencias. Y lo haré donde considere oportuno, en las puertas de una clínica abortista o en el Parlamento, con libertad.
Les aseguro que si finalmente tengo que entrar en prisión por salvar una única vida ya habrá merecido la pena.
Javier Puente Redondo
Senador del Partido Popular por Cantabria
Javier Puente Redondo 