El pasado domingo 27 de marzo, el Gobierno de España, a través del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, publicó una orden Ministerial (BOE-A-2020/-1482 de 27 de marzo) para desarrollar una aplicación informática que permita obtener los datos de movilidad de toda la población de España.
Vemos que esta orden ministerial (ver), que acaba de entrar en vigor, está generando bastante alarma social, en especial el artículo 2:
Segundo. DataCOVID-19: estudio de la movilidad aplicada a la crisis sanitaria.
Encomendar a la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, siguiendo el modelo emprendido por el Instituto Nacional de Estadística en su estudio de movilidad y a través del cruce de datos de los operadores móviles, de manera agregada y anonimizada, el análisis de la movilidad de las personas en los días previos y durante el confinamiento.
En la ejecución de este estudio, se velará por el cumplimiento de lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE; la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales y los criterios interpretativos dados por la Agencia Española de Protección de Datos.
El responsable del tratamiento será el Instituto Nacional de Estadística. Los encargados del tratamiento serán los operadores de comunicaciones electrónicas móviles, con los que se llegue a un acuerdo. El Instituto Nacional de Estadística, como responsable del tratamiento, autoriza a los operadores a recurrir a otros encargados en la ejecución de lo previsto en este apartado.
Entendemos que si se cumplen las garantías de seguridad digital de las personas, de datos anonimizados…. no debería existir alarma social.
Tanto desde el Congreso como desde el Senado, el Grupo Parlamentario del Partido Popular hará un seguimiento para que se garanticen los derechos humanos de privacidad y libertad. La tecnología debe jugar un papel relevante a la hora de salvar vidas y a la hora de la recuperación ecońmica ante la crisis que se avecina, pero no puede suponer una amenaza a nuestras libertades, ni puede ser una excusa para una vigilancia por un período indefinido. Por ello hemos realizado las siguientes preguntas al Gobierno, y estaremos atentos:
– ¿Qué información exacta va a pedir el Gobierno a los operadores de telefonía móvil en España?
– ¿Cuál es el resultado específico que se quiere obtener y qué indicadores se han establecido para ello?
– ¿Habrá algún tratamiento con aplicaciones de Inteligencia Artificial o de otra índole para extraer algún tipo de información adicional?
– ¿Cómo va a garantizar el Gobierno el cumplimiento de la normativa respecto a la Protección de Datos?
– ¿Va a cesar la petición de datos a los operadores móviles cuando finalice el confinamiento total que está dispuesto ahora mismo en España, o por el contrario, se podrá seguir realizando cuando las condiciones de confinamiento se modifiquen?
NOTA DE PRENSA ENVIADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO POPULAR DEL CONGRESO (28 de marzo de 2020).
El Gobierno de España, a través del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, acaba de publicar una orden Ministerial (BOE-A-2020/-1482 de 27 de Marzo) para desarrollar una aplicación informática que permita obtener los datos de movilidad de toda la población en España en los días previos y durante el confinamiento, para su análisis posterior, con la petición expresa de dichos datos a los operadores de telefonía móvil.Desde el partido popular, esta actuación supone un despropósito más del Gobierno de España, que aprovecha la situación de COVID-19 para intentar obtener datos de localización de la población, sin el consentimiento expreso de cada ciudadano. En países como China, Italia o EEUU sus gobiernos han desarrollado plataformas informáticas que utilizan Webs y Apps para la geolocalización y seguimiento de personas afectadas por el COVID-19 y que voluntariamente se han registrado en dichas aplicaciones.Sin embargo, el Gobierno de España ordena (SND/297/2020) que los operadores móviles suministren los datos de localización de la población, con el fin de tener un mapa del histórico de movilidad de todos los ciudadanos antes y durante el confinamiento.El Grupo Parlamentario Popular considera que, con esta medida, el Gobierno no establece qué datos concretos se van a pedir, ni que indicadores se pretenden medir con esta adquisición de datos, cuya encomienda ha sido dirigida sorprendentemente a la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, en lugar de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, cuyas competencias son las redes y servicios de telecomunicaciónLa adquisición de datos de geolocalización de la población a través de algo tan personal como lo es un dispositivo móvil de usuario y, más aún, su tratamiento con algoritmos de inteligencia artificial, puede suponer la generación de información agregada con propósitos distintos a los que parece indicar la Orden Ministerial y que generan una alarma social en la propia libertad de los ciudadanos.La falta de concreción de la actuación que pretende el Gobierno, no permite conocer la información exacta que se va a pedir a los operadores de telefonía móvil ni tampoco cuáles van a ser los indicadores que se pretenden medir tras el tratamiento de estos. El Gobierno tampoco deja claro en qué momento cesará esta petición de datos de geolocalización de los ciudadanos que residen actualmente en España.El Gobierno llega muy tarde a una solución tecnológica para la monitorización de la epidemia en la población y lo hace con una medida que supondrá un desgaste excesivo de los recursos humanos de la administración y de las empresas de telecomunicaciones móviles que operan en España sin tener claro cuál es el resultado que espera obtener y en qué va a ayudar a la gestión de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. A pesar de que esta medida no tiene utilidad práctica y que, además, contribuye a alertar a la ciudadanía de que pueden estar vigilados sin ningún propósito concreto, el Partido Popular va a estar vigilante de que se cumplan las condiciones de protección de datos, de tratamiento de los mismos y de utilización de recursos para el resultado que se vaya a obtener y que deberá ponerse al servicio de la ciudadanía.
Javier Puente Redondo 