Junto a mi compañera y amiga María Teresa Martín Pozo, Diputada por Zamora, hemos elaborado una iniciativa en relación a las medidas de apoyo a la discapacidad. Gracias al área de asesoría por todo su apoyo.
La familia es la institución que enlaza a la persona con la sociedad y viceversa. Constituye un elemento natural y fundamental de la sociedad que da estabilidad y solidez a las relaciones personales, lo que la hace merecedora de una protección especial, tal y como señalan numerosos instrumentos internacionales, entre los que destacan la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 y la Carta Social Europea de 1961.
Por su parte, la Constitución Española de 1978 establece en su artículo 39 que los poderes públicos aseguran la protección social, económica y jurídica de la familia.
Los cambios sociales, tales como la prolongación de la esperanza de vida, el descenso de la natalidad, la necesidad de conciliar la vida personal, familiar y laboral, la atención a personas en situación de dependencia, la crisis económica, etc., han afectado a la forma de organización familiar y han hecho surgir nuevas necesidades básicas que deben de ser atendidas por parte de las actuaciones públicas, estableciendo políticas basadas en el desarrollo de la calidad de vida de las familias, potenciando la función de protección social que siempre han tenido en momentos de dificultad y garantizando una respuesta eficaz ante los supuestos de especial vulnerabilidad.
El Gobierno firme a su compromiso de apoyar y proteger a esta institución y consciente de su insustituible papel en nuestra sociedad, está desarrollando medidas articuladas a favor de la misma. Cabe destacar, entre otras, las novedades recogidas en la reforma de la legislación de la infancia que convertirán a España en el primer país del mundo en incorporar la defensa del interés superior del niño en todos los ámbitos. La reciente Reforma Fiscal, que recoge nuevos beneficios para las familias favoreciendo especialmente a los hogares con hijos menores de edad o con personas con discapacidad, o los avances recogidos en el Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades 2014-2016 para facilitar la conciliación y corresponsabilidad de la vida familiar, laboral y personal.
A pesar de todas estas iniciativas, todavía queda mucho camino por recorrer, por ese motivo el Ejecutivo está trabajando en nuevas medidas que se concretarán en el nuevo Plan Integral de Apoyo a la Familia, el último tuvo vigencia de 2001-2004 y desde entonces no hubo ningún plan específico de apoyo a la familia, ocho años en los que se desatendió una institución que hoy es la que soporta, con mayor dureza, las consecuencias de la crisis.
Por otro lado, es conveniente destacar que existen familias en situaciones especiales como las que cuentan entre sus miembros con alguna persona con discapacidad, en un total de 3,3 millones de hogares españoles reside al menos una persona que afirma tener una discapacidad, lo que supone un 20% de los mismos tal y como establece la Estrategia sobre Discapacidad 2012-2020, en estos casos la realidad familiar es más difícil. Por ese motivo, estas familias precisan de una mayor atención de los poderes públicos, y en el diseño de políticas de familia se debe tener en cuenta la perspectiva de la discapacidad.
De ese modo, en el ánimo de promover el impulso y el refuerzo de las políticas públicas dirigidas a apoyar a las familias el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente,
PROPOSICIÓN NO DE LEY:
“El Congreso de los Diputados insta al Gobierno en colaboración con las comunidades autónomas, y, en el marco del futuro Plan Integral de Apoyo a la Familia, desarrollar medidas a favor de aquellas familias que entre sus miembros cuenten con alguna persona con discapacidad, así como a promover iniciativas que permitan sensibilizar a los ciudadanos de los obstáculos a los que se enfrentan diariamente estas familias”.
Javier Puente Redondo 