Dada la importancia de la ley, quiero compartir las medidas que se han tomado al respecto.
El objetivo del grupo popular es proteger a los colectivos en situación de especial vulnerabilidad. Teniendo en cuenta dos premisas fundamentales.
1º- Que ninguna persona sea desahuciada de su primera vivienda como consecuencia de un proceso de ejecución hipotecaria.
2º- Permitir que estas medidas de protección a los deudores hipotecarios no afecte a esa inmensa mayoría de personas que pagan puntualmente su hipoteca.
Por este orden y para dar cumplimiento a estas prioridades, se publicó el RDL para paralizar los desahucios. Y para mejorar este proyecto de ley cuya urgencia compartimos tanto la PAH como los grupos.
El Grupo Popular persigue el mismo fin que la iniciativa legislativa popular, y por eso se han querido plasmar su espíritu en las diversas enmiendas presentadas al proyecto de ley para la protección de los deudores hipotecarios.
– En primer lugar, en relación a la dación en pago; en el Código de Buenas Prácticas se impone a las entidades aceptarla como medio liberatorio, si los deudores así lo solicitan.
– En segundo lugar, se contempla la paralización de los lanzamientos derivados de las ejecuciones hipotecarias por un período de tiempo concreto.
– Y, en tercer lugar, se ha puesto en marcha la creación de un Fondo Social dotado con un volumen considerable de viviendas, unas 6.000 tras un acuerdo alcanzado con bancos, cajas y cooperativas, y cuyos detalles concretaré en la Interpelación que responderé a continuación.
– En Cuarto lugar es el PP el que por primera vez ha introducido la posibilidad de la dación en pago, tal y como piden los ciudadanos firmantes de esta ILP.
– En Quinto lugar se propone reducir drásticamente los intereses de demora hasta un límite máximo que no lastre la recuperación del deudor.
– Además se aumenta la transparencia de determinados productos financieros, se impulsa el equilibrio entre las partes y se introducen mayores controles en las sociedades de tasación para reducir al mínimo la dependencia entre el banco y las sociedades de tasación. Maximizar la independencia entre banco y tasadora.
– Al mismo tiempo que hemos pedido Introducir determinadas medidas adicionales de prudencia financiera que eviten situaciones como las que estamos viviendo. Todas estas medidas, propuestas por el PP, serán sometidas a votación en muy pocos días para su entrada en vigor definitiva.
– La morosidad está ligeramente por encima del 3% del total de las carteras hipotecarias, y buena parte de esa morosidad no es primera vivienda. El PSOE habla de de 400.000 desahucios, sin embargo según datos del ministerio de economía se cifran entre 4.000 y 15.000 el número desahucios de primera vivienda, cuyo acreedor es el banco, en los últimos cuatro años.
– Se trata de un problema grave, pero no generalizado, y que se debe abordar con medidas individualizadas que atiendan a la situación del acreedor, no con medidas indiscriminadas que se presten a abusos y destruyan nuestro marco jurídico. España tiene una cultura de pago muy desarrollada (como refleja la basa morosidad hipotecaria), y es esa cultura de pago la que permite las elevadas tasas de vivienda en propiedad que tiene el país. Creemos que los principios de nuestro ordenamiento jurídico en este ámbito son correctos: estamos de acuerdo con la garantía es universal (salvo pacto en contrario) para evitar que se utilice el fraccionamiento de los patrimonios para eludir el pago de la deuda, y en general porque alterar principios jurídicos fundamentales en un sistema legal que es fruto de la historia y la práctica puede tener múltiples consecuencias imprevistas y no deseadas. Por eso no apoyaremos cambios radicales del ordenamiento jurídico español, ni atentaremos gravemente contra la seguridad jurídica. No obstante los casos de sobreendeudamiento personal sobrevenido deben resolverse, especialmente cuando responden a graves situaciones sociales, y pasa lograr ese objetivo hemos legislado, no de forma indiscriminada como nos piden los que antes no habían hecho nada, sino con responsabilidad y de forma adaptada a los casos concretos que pueden producirse.